La CEDH es competente para tramitar una queja en los siguientes casos:

• Cuando las autoridades administrativas de carácter Estatal cometan actos u omisiones que violen los derechos humanos.
• Cuando una persona cometa un ilícito con la tolerancia o anuencia de algún servidor público o autoridad Estatal, o cuando estos últimos se nieguen, sin fundamento, a ejercer las atribuciones que legalmente les correspondan en relación con dichos ilícitos; particularmente tratándose de conductas que afecten la integridad física de las personas.

En los casos antes mencionados, la CEDH tiene competencia para conocer las Peticiones relacionadas con presuntas violaciones a derechos humanos en cualquier lugar del Estado.

La CEDH no podrá conocer los asuntos relativos a:

• Actos y resoluciones de organismos y autoridades electorales; ya que las instancias competentes para conocer de éstos asuntos son el Instituto y el Tribunal Electoral.
• Resoluciones de carácter jurisdiccional, laudos o sentencias emitidas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo.
• Consultas formuladas por autoridades, particulares y otras entidades, sobre la interpretación de las disposiciones constitucionales y legales, ya que esta facultad es exclusiva del Poder Legislativo.
• Conflictos entre particulares, ya que la competencia de la CEDH únicamente le permite conocer de actos y omisiones atribuibles a autoridades o servidores públicos estatales.

• Cualquier persona puede denunciar presuntas violaciones a los derechos humanos y presentar directamente una petición ante la CEDH, o por medio de un representante.
• Cuando los interesados estén privados de su libertad o se desconozca su paradero, la queja la pueden presentar los parientes o vecinos de los afectados, sin importar que sean menores de edad.
• Desde el momento en que se admite una petición, se inicia un expediente que es asignado a un visitador adjunto, quien es el responsable de su trámite hasta su total conclusión.
• Las peticiones presentadas ante la CEDH, así como las resoluciones y las recomendaciones formuladas por este Organismo, no afectan el ejercicio de otros derechos y medios de defensa que puedan corresponder a los afectados conforme a lo dispuesto por las leyes. En este sentido, no se suspenden ni se interrumpen los plazos y términos establecidos en los distintos procedimientos legales para hacer valer un derecho.